Lo ocurrido en Puno con el asesinato de seis soldados del Ejército por acción directa de una turba de subversivos TERRORISTAS, nos debe traer a la memoria el funesto e indignante suceso del ‘Baguazo’ (Bagua, Amazonas, 2009). Aquella vez una turba de nativos había bloqueado (flagrante delito) la carretera Fernando Belaunde Terry “protestando” por la firma de un Tratado de Libre Comercio.
Ante la respuesta legítima del Estado para restablecer el orden, estos energúmenos contestaron repeliendo violentamente a las fuerzas del orden. Lo que ocurrió en esa terrible jornada de extrema violencia fue una masacre, pero no de la policía sino de los enardecidos nativos quienes -azuzados por dirigentes de la ultraizquierda (luego liberados por una justicia venal)- atacaron, sometieron, torturaron y asesinaron a 23 policías (también murieron 10 de ellos) y hasta desaparecieron (hasta la fecha) al mayor PNP Felipe Bazán.
Sin embargo, lo que vino a continuación fue -si cabe- peor. La “narrativa” roja/progre/caviar con sus ONG pro DD.HH. (de los suyos, claro está) nos impusieron la posverdad de lo ocurrido. Los “nobles y buenos” nativos estaban defendiendo “su territorio” de las “perversas y criminales” fuerzas del orden, quienes llevaron a cabo un “genocidio” (sic). Así, de manera inaudita consiguieron su objetivo, que no fue otro que cambiar los hechos por “su verdad”, debilitando -una vez más- a quienes nos tienen que defender de los delincuentes TERRORISTAS.
Lograron inclusive que las propias autoridades, ministros del segundo gobierno de Alan García (2006-2011) y militares a cargo de la operación, terminaran estigmatizados, procesados y hasta -increíble e indignamente- pidiendo perdón (sic) por el solo hecho de cumplir sus obligaciones al ordenar el restablecimiento de la ley y el orden; sentando de esta manera un pésimo precedente, uno que lo venimos sufriendo hasta el día de hoy y que ha permitido que seis (6) efectivos del Ejército mueran en condiciones vergonzosas e inhumanas ante una población “empoderada” que no respeta a nadie ni a nada y la desesperante inacción de un Estado fallido que no atina a detener la anarquía y el caos que grupos violentistas vienen imponiendo en algunas zonas de nuestra patria.
De otro lado, el Departamento de Justicia de los EE.UU. ratificó ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California que procede la extradición del expresidente Alejandro Toledo. De esta manera dicha instancia judicial rechazó el último y desesperado intento de la defensa del exmandatario para evitar su extradición y desechó también el vergonzoso pedido de algunos intelectuales progres norteamericanos que intentaron evitar que Toledo responda por sus probados delitos. Sin embargo, hasta que no pise suelo peruano no se puede cantar victoria. Como se recuerda, el “cholo sano y sagrado” viene eludiendo a la justicia peruana desde el 2017.
