Valiente opinión del siempre brillante Federico Salazar en su columna del domingo 24 de diciembre último en El Comercio. Salazar, quien no es jurista ni constitucionalista, nos da una ilustrada visión sobre el “desacato” del Estado peruano a la Corte IDH en el caso del indulto a Alberto Fujimori.
Contrasta con la de los irreductibles defensores de la sumisión a este absolutismo cuasi monárquico y colonial a toda decisión emanada de la justicia supranacional, para esta gente no hay nada más arriba de sus supremas y lapidarias decisiones, las que deben ser acatadas sin dudas ni murmuraciones por los Estados afectados, no importando si estas decisiones nada tienen que ver con los contenciosos que se tramitan ante ese fuero. Nada más alejado del verdadero derecho y su fin supremo: la justicia.
Ya el Estado peruano ha informado que viene acatando y cumpliendo todas y cada una de las recomendaciones de la sentencia contra Fujimori de 2009 por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Pero lo que quieren las víctimas, azuzadas por las ONG y una serie de abogados y operadores, es seguir hostigando al anciano y enfermo expresidente de 85 años quien fuese indultado en diciembre de 2017 por el expresidente Kuczynski y que ha estado preso por más de 16 años.
Aducen algunos abogados que el Tribunal Constitucional no debió admitir siquiera el habeas corpus, que fue a la postre lo que permitió implementar esta medida humanitaria contra Fujimori. La Corte IDH, con su inocultable sesgo ideológico y apelando a cuestionables invenciones del derecho progre (como esa que la competencia de su Corte solo puede ser determinada por ellos, ¿hay algo más arbitrario que eso?), NO tiene competencia penal, NO puede decidir quién permanece o no encarcelado, más aún cuando el justiciable NO ha sido parte de un proceso en su fuero, como es el caso del indulto a Fujimori. Por lo expuesto, es claro que la Corte viene perpetuando un evidente e inaceptable estado de arbitrariedad.
Los deudos de La Cantuta y Barrios Altos ya obtuvieron justicia y acceso a un debido proceso cuando se condenó a 25 años de cárcel a Fujimori, lo que NO pueden pretender es continuar con una interminable persecución judicial amparados en un muy controvertido proceso de cumplimiento de sentencia. NO tienen derecho a la imposición de la pena y su ejecución, de ello se encarga el Estado como también de otorgar indultos y gracias presidenciales, figuras que por lo demás –en el caso que nos ocupa– NO han trasgredido derecho humano alguno.
Es en estos casos donde se puede apreciar nítidamente cómo el derecho con sus innumerables subterfugios pseudolegalistas es utilizado con inocultables fines políticos y no como un instrumento para alcanzar la justicia y el cumplimiento de los derechos humanos. La venganza nunca será justicia.
