Sigue la telenovela de la Junta Nacional de Justicia. Ahora se suma un nuevo e inesperado actor: el Poder Judicial. Así, este poder del Estado se inmiscuye otra vez en una atribución constitucional de otro poder del Estado motivando otro conflicto de poderes. Una medida cautelar en un proceso de amparo ha suspendido la investigación parlamentaria a los miembros del citado organismo constitucionalmente autónomo. Argumentan los jueces que se han vulnerado derechos fundamentales de los magistrados de la JNJ en el proceso político que les sigue el Congreso.
A principios de año, el Tribunal Constitucional resolvió en una sentencia que ninguna autoridad judicial puede impedir que el Congreso lleve a cabo investigaciones en uso de sus atribuciones constitucionales, salvo que haya una manifiesta afectación a derechos fundamentales de los investigados o no se respete el debido proceso. Lo hizo en atención a la absurda e ilegítima pretensión del sindicato de la Defensoría de Pueblo de impedir –fallida y felizmente– el nombramiento del titular de este organismo por el Parlamento.
En el caso que nos ocupa, ningún derecho fundamental ha sido conculcado. El proceso político se viene llevando respetando escrupulosamente el debido proceso, esto es escuchando a las partes y señalando las causas que ameritan la investigación y posible remoción de los integrantes de la JNJ. Que a algunos les parezca graves o no las imputaciones es una cuestión de interpretación, la misma que debe ser dilucidada única y exclusivamente por los congresistas… nos guste o no.
Ahora bien, con respecto a los parlamentarios, los hay buenos y responsables y también de los otros: los ausentes, “mochasueldos”, impenitentes viajeros de turismo y hasta pegalones, motivos por los cuales tienen una muy baja aprobación popular; sin embargo, ello no debe ser óbice para impedir que cumplan con sus funciones fiscalizadoras y de control que le franquea la Constitución. No debiendo ser nunca el Poder Judicial un obstáculo para esta importante función congresal.
En el amargo recuerdo quedan las lamentables imágenes de un Poder Ejecutivo disolviendo prepotentemente el Congreso, cuando éste se disponía a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional aquel aciago lunes 30 de setiembre de 2019. Aquella vez, el entonces presidente Martín Vizcarra y su premier Salvador del Solar sacarían de la manga una “denegatoria fáctica” para interpretar a su antojo una –para ellos– supuestamente denegada cuestión de confianza planteada a la representación nacional. Esa grosera intromisión de un poder del Estado sobre otro avalada por un nefasto TC de la época (felizmente ya reparada por el actual máximo intérprete de la Constitución) no debe repetirse hoy de ninguna manera con una írrita acción de amparo y medida cautelar, acciones de un Poder Judicial que impiden de manera ilegal ejercer sus funciones al Congreso.
