Se equivoca el Congreso peruano cuando intenta incrementar la pena para la difamación. El Ejecutivo debe observar el proyecto de ley en giro, el mismo que llega al extremo de sancionar con carcelería efectiva a las personas (cosa que ya hemos visto en alguna ocasión por lo demás) que incurran en dicho tipo penal.
Ya si el Parlamento insiste, atribución que le franquea la Constitución, pues habrá que acudir a la instancia constitucional para dejar sin efecto tamaño despropósito que atenta no solo contra la libertad de expresión, sino constituye un evidente amedrentamiento y amordazamiento a todo aquel que pretenda fiscalizar al poder de turno.
Y si bien el tema ha merecido la inmediata reacción de los periodistas, quienes considerando que este proyecto de ley resulta un grave atentado contra el derecho de información y que con ello se podría afectar cualquier investigación en curso, lo cierto y real es que una medida como la pretendida va mucho más allá de afectar a los hombres de prensa.
Es una espada de Damocles para cualquier persona que emite una opinión en cualquier medio de expresión (redes y plataformas incluidas) y que puede quedar sujeta a la interposición de una denuncia que un juez sin criterio acoja y termine en prisión por supuestamente haber afectado el honor de una persona. Gravísimo.
De más está decir que me encuentro entre quienes opinan que se debe inclusive despenalizar los delitos de difamación, injuria y calumnia (hoy accionados bajo el procedimiento procesal penal de la querella).
Así, me adhiero a la tendencia mundial que se orienta a resolver estos temas por la vía civil con cuantiosas reparaciones económicas acordes a la magnitud del daño incurrido de ser el caso, tanto para el agente infractor como para el medio en el que se difunde el agravio, no con la pérdida de la libertad del agraviante; sanción de última ratio que debe orientarse a penalizar a los sujetos que cometan delitos realmente graves o violentos que afecten severamente a la sociedad. Me parece que es lo que corresponde.
Y que no vengan los caviares y los progres principalmente a intentar comparar este dislate del Congreso con aquella acertada ley que limitaba al Estado a publicar anuncios en medios de comunicación privados y colocar publicidad estatal en medios estatales (la famosa y hoy derogada “Ley Mulder”), según ellos una “ley mordaza” (sic), la misma que un Tribunal Constitucional de ingrata recordación la declarara inconstitucional, pese a que intentaba evitar que ciertos medios de prensa privada -muy poderosos por cierto- contaran con jugosos subsidios salidos del bolsillo de todos los peruanos para sus negocios particulares y sobre todo para sus intereses políticos, como que hoy lo siguen haciendo a vista y paciencia de todo un país.
