El gobierno no entiende. No se trata de penas más elevadas (que se cumplen tarde, mal y nunca y que además no guardan coherencia alguna con los delitos cometidos), sino de hacer efectivas las que existen (con las falencias conocidas). Con una justicia inoperativa, ineficiente y absolutamente desentendida de la realidad, sino corrupta y con gobiernos fuera de la realidad legal y penitenciariamente existente no esperemos nada de lo que viene anunciando el gobierno en la lucha contra la criminalidad. Si no se reforman los códigos procesal penal (un fracaso absoluto) y penal (un amasijo intragable lleno de inconsistencias) y no se otorgan recursos suficientes a los operadores de justicia (con una apropiada vigilancia), seguiremos en lo mismo.
A propósito, absolutamente inaceptable la admisibilidad por la infame Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la petición por las condiciones carcelarias del terrorista Víctor Polay Campos. Y sabiendo que fue presentada hace algún tiempo, sin que el gobierno de turno diga o haga algo, el tema adquiere singular importancia. Un asunto que se toma con demasiada ligereza y tibieza ante una justicia supranacional que se ha convertido en reducto de los terroristas. Frente a ello existe una pasmosa falta de reacción gubernamental. Así pues, asistimos –impávidos– a esta nueva arremetida terrorista y “su” justicia protectora de “sus derechos humanos”.
Llama también poderosamente la atención que, conociendo sus sospechosas fuentes de financiamiento (ONG con determinadas y puntuales agendas, abiertamente progres), el Estado peruano y los gobiernos de turno continúen en esa farsa de justicia que solo genera una suprema y legitima indignación de los ciudadanos de a pie por el amparo que les da al lumpen que aterrorizó al país por varios años en el siglo pasado y que encima pretenden írritos y vergonzosos resarcimientos de una sociedad afectada por sus demenciales actos de extrema violencia, esos que jamás olvidaremos.
El “caso Polay” merecería un parteaguas de todos los peruanos que rechazamos, sin ambages, la insania terrorista. Esa que ha merecido un brillante y estremecedor artículo del periodista y abogado Umberto Jara: “Víctor Polay Campos, demanda a un país sin memoria”; y cuyo epílogo merece la pena reseñar: “¿Vamos a seguir hablando de “conflicto armado interno”? ¿Comisión de la verdad? ¿Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Indemnizaciones a terroristas? ¿No al terruqueo?”.
¿Qué más tiene que pasar para retirarnos de un sistema de justicia, que de tal no tiene nada? De pronto hace cincuenta años, cuando en nuestro continente las democracias eran la excepción y la regla abusivas dictaduras tenía algún sentido una instancia extraterritorial que pusiera justicia donde no la había.
Pues bien, eso ya no existe más, la justicia supranacional se ha convertido en un reducto rojo/progre que está del lado del terrorismo, punto.