Según el artículo 110° de la Constitución Política del Perú, la presidenta Dina Boluarte personifica a la nación, les guste o no a la izquierda, progresía y caviarada, así que quien agrede o jalonee a la mandataria lo está haciendo con el Perú. Por tanto, si toda agresión es repudiable, esta lo es más aún y merece una sanción ejemplar.
Por ello, nos parece censurable que la gran prensa (increíble pregunta de Cuarto Poder el último domingo: “¿Cree que puede existir un motivo que justifique la agresión a una autoridad?”) relativice esta conducta contra la presidenta, pero se indigne por ejemplo con la de un belicoso asesor parlamentario que le faltó el respeto a la policía en el Congreso, ambas acciones condenables sin ambages.
Y hablando de indignaciones selectivas no nos cansaremos de señalar el doble estándar moral de los progres-caviares en atribuirle plena responsabilidad a Dina Boluarte por la represión de su gobierno (“motivo-justificación” de la agresión), callando en todos los idiomas la represión ordenada por Francisco Sagasti en noviembre de 2020 con motivo del paro agrario que ocasionó la muerte de varios jóvenes. Olvidan y perdonan la violencia que les conviene, pero inciden y son implacables con la de sus enemigos.
Esta agresión y la respuesta de los sectores progres no difieren de las que observamos en el pasado. El cobarde puñetazo a mansalva de un joven –luego incorporado como “héroe” al Partido Morado– al congresista acciopopulista de la tercera edad Ricardo Burga en noviembre de 2020. El cono de tránsito lanzado a la cabeza del anciano congresista fujimorista Carlos Tubino cuando el lagarto Vizcarra cerró prepotente e inconstitucionalmente el Congreso en setiembre de 2019. Y cómo olvidar la miserable y también cobarde agresión de unos jóvenes delincuentes al también ya mayor dirigente aprista Luis Alva Castro en la embajada de Uruguay, cuando el expremier acudió a dicha legación diplomática a visitar al expresidente Alan García en noviembre de 2018 ¡lo patearon en el suelo! Todos hechos execrables que no solo no merecieron la condena de la izquierda de todo pelaje, sino por el contrario su exaltación y justificación.
Pero ¡ay! si alguien osa dejar una flor en la puerta de una conocida y muy poderosa ONG o si se instalan frente a su local a gritar consignas o si acuden a la casa de una conocida activista-abogada para protestar por sus incendiarias columnas de “opinión”, todas llenas de inflamadas arengas pro violentistas. Ahí, no solo lloran y gritan, sino acuden a la sesgada e infame Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar “garantías para sus vidas”, garantías que por cierto ellos no guardan para con sus enemigos. Cobardes, hipócritas y fariseos es lo que son.
