Desde 1980 hemos tenido diez campañas presidenciales, doce congresales (incluyendo el CCD 1993) y varias municipales y regionales. En ellas participaron innumerables candidatos de todas las tendencias políticas para ser elegidos a todos estos cargos por elección popular. Todos -sin excepción- recibieron en mayor o en menor medida montos de dineros privados de diversas personas para solventar los gastos incurridos en estas incursiones políticas. Hubo quienes lo utilizaron debidamente, otros no. Este dinero tuvo diversos orígenes: lícitos, ilícitos o cuando menos de dudosa procedencia.
Sin embargo, no fue sino hasta el año 2019 que se determinó por expresa disposición de la ley que todo aporte ilícito o de dudosa procedencia, uno que no pudiese ser debidamente sustentado legalmente constituye delito, anteriormente el no declararlo constituía una infracción administrativa tan solo. Esa fue la normatividad vigente hasta ese entonces… gústenos o no. Y como todos sabemos las leyes no pueden ser retroactivas en el ámbito penal.
Con el emblemático caso de megacorrupción Odebrecht, en investigación hace más de cinco años -sin ningún juicio ni menos aún sentencia- la fiscalía peruana activó varios investigaciones penales imputando el delito -entre tantos otros- “cajón de sastre” de lavado de activos sobre el dinero que recibieron diversos candidatos por parte de esta trasnacional brasileña, se agregó posteriormente también dineros entregados para tal fin por otras personas naturales o jurídicas a los políticos.
Aquella vez, la justicia peruana optó -demagógica y por tanto equivocadamente- por enfocar sus principales baterías y esfuerzos en investigar el dinero entregado a los políticos y muy poco o nada para con las multimillonarias sobrevaloraciones en obras publicas llevadas a cabo por los brasileños en contubernio con sus socios peruanos (el tristemente célebre “club de la construcción) y la delictiva complacencia de los gobiernos de turno…de eso ya poco o nada se habla.
Dicho todo ello, solo Keiko Fujimori pareciera la única depositaria de todo dinero mal habido para dos de sus candidaturas presidenciales (2011 y 2016). Todos los demás han pasado no solo a un segundo plano…ya no existen más, no se escucha ni se lee nada de ellos. La obsesión cuasi patológica para con la hija de Alberto por parte de cierta prensa y de algunos personajes que pululan por ahí resulta algo que la psicología y psiquiatría debería estudiar con algo de profundidad por presentar evidente rasgos de obsesiva patología. No hay nadie más de quien se hable por recibir dineros de campaña, no al menos con la pertinaz profusión mediática e insidia con la que se informa sobre la candidata del fujimorismo.
Finalmente ha sido la única que no habiendo sido autoridad, pues solo ha ocupado un cargo público a la fecha: congresista 2001-2006 (uno que no tiene iniciativa de gasto por lo demás), fue a parar a la cárcel por 16 meses por una abusiva e injusta prisión preventiva. Anteriormente la pareja presidencial Ollanta Humala-Nadine Heredia (ellos sí en el poder 2006-2011) y Susana Villarán (alcaldesa de Lima 2010-2014) también fueron a privados de su libertad si bien por menos tiempo, también con desproporcionadas medidas de prisiones preventivas. A la fecha poco o nada se conoce de todos estos casos, ni para bien ni para mal. Otro tanto ocurre con los demás involucrados, otrora grandes titulares en los diarios.
Los días, semanas, meses… y años siguen pasando y no se avizora ya no decimos una sentencia condenatoria…un juicio oral que permita a los peruanos conocer la verdad sobre todos estos casos. El caso Keiko en especial constituye la confirmación de una perversa manera de practicar “justicia” en el Perú, una mediante la cual los procesados quedan en un limbo jurídico por tiempo indeterminado y eso -apreciados lectores- es una aberración que lamentablemente se ha hecho costumbre en este nuestro país, uno de desconcertadas gentes.
