A la justa liberación del expresidente Alberto Fujimori respetando el indulto otorgado por el expresidente Kuczynski en diciembre de 2017 y acatando las resoluciones definitivas e inapelables del Tribunal Constitucional, tanto la de marzo de 2022 como la de noviembre de 2023, de concederle y reafirmar el habeas corpus a Fujimori (luego de la írrita injerencia del Poder Judicial en 2018 que lo devolvió injustamente a prisión); se consumó la amenaza del muy poderoso lobby progre/caviar que consiguió la suspensión de la fiscal de la nación Patricia Benavides de manera irregular, abusiva y extrañamente expeditiva por una cuestionada y politizada Junta Nacional de Justicia.
Fujimori, de 85 años de edad y con una muy deteriorada salud, finalmente recobró su libertad por una valiente decisión de diciembre de 2023 de cuatro magistrados del TC. Tres de ellos (Morales, Gutiérrez y Pacheco) determinaron que debía ser el INPE el que ejecutara una sentencia que un juez en Ica no quiso cumplir (como que así ocurrió) y el restante (Domínguez) que insistió –infructuosamente– que ese juez debió cumplir tal mandato. Los otros dos (Ochoa y Monteagudo) se habían pronunciado en contra de la liberación.
Todo ello pese a la deplorable e inaceptable intromisión de una infame justicia supranacional (la Corte IDH y la CIDH) que excediéndose largamente en sus atribuciones y conjuntamente con sus socios-operadores políticos-legales y con el apoyo de la misma prensa venal de siempre, continuaron en la implacable y aberrante persecución judicial contra el exmandatario.
De otro lado, la Junta Nacional de Justicia –actuando exactamente como venían denunciado se hacía con ellos en el Congreso– determinó suspender provisionalmente y por seis meses a Patricia Benavides como fiscal de la nación y de su condición de fiscal suprema; lo hizo de manera exprés y sin respetar mínimamente el debido proceso ni la normatividad constitucional que protege a una funcionaria aforada. Un atropello mayúsculo que lamentablemente pudo ser perpetrado por la pasmosa inacción de un Congreso mediocre y timorato que no puede reunir los votos necesarios para remover –ni investigar siquiera– a los miembros de la JNJ.
La suspensión de Benavides vino acompañada de una serie de irregularidades y medias verdades que nos remontaron a la aciaga época de cuando se ensañaron con el entonces fiscal de la nación Pedro Chávarry en 2018 y 2019. Chavarry ante una apabullante y sostenida campaña mediática sucumbió y renunció por la presión de quienes como ahora pretenden seguir controlando el Ministerio Publico. Hoy lo han conseguido con la abrupta salida de Benavides y el conveniente archivamiento del proceso penal contra Zoraida Ávalos, la ex fiscal de la nación y actualmente inhabilitada por el Congreso. Lamentablemente el Ministerio Publico sigue convertido en un botín político del “cáncer caviar”.
