Me he tomado la molestia (¡y vaya si el término no es el apropiado!) de leer este fin de semana las 113 páginas del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH (incluidas por cierto las 8 páginas finales de las Conclusiones y Recomendaciones) sobre los sucesos acaecidos luego del fallido golpe de Estado perpetrado por el corrupto e inepto gobierno de Pedro Castillo el miércoles 7 de diciembre de 2022.
Empezaré diciendo que el lenguaje utilizado asemeja al de cualquier organización de corte comunista o progre, los términos y el sentido que le dan a la situación política peruana no dista en lo absoluto de cualquier panfleto que aborde el tema desde una óptica propia de esas tendencias políticas.
Los invito a revisar, pues leerlo completo es un martirio, este documento y así poder constatar el por qué el Estado peruano debe retirarse -y de inmediato, para así esperar los dos años necesarios para la desvinculación absoluta- de la jurisdicción de una justicia supranacional que seguramente tuvo un inicio auspicioso hace varias décadas, cuando la región estaba plagada de regímenes dictatoriales y se hacía necesaria una instancia internacional que cautelara los derechos humanos (esos que son de todos y no de unos cuantos), pero que hoy se ha convertido en una efectiva herramienta del comunismo y progresismo regional para imponer una visión de la sociedad y de la política absolutamente sesgada y contraria a la soberanía de una república democrática como la peruana, que ha tenido de repeler la subversión y los actos terroristas de elementos de la ultraizquierda que intentaron desestabilizar un gobierno legítimo, uno que tuvo que asumir el mando de una nación en circunstancias particularmente difíciles.
Basta comprobar el fuego graneado (literalmente) recibido tanto dentro de nuestro país, como desde fuera con la inaceptable intromisión de gobiernos izquierdistas de nuestro continente que apoyaron abiertamente al golpista Castillo e incentivaron los actos subversivos de extrema violencia que todos los peruanos sufrimos por varias semanas. El documento de marras incide en el sacrosanto derecho a la protesta, evitando pronunciarse sobre la extrema violencia de los “manifestantes”, esos que apoyaron directa y virulentamente al golpista Castillo y propiciaban la imposición -por la vía de la fuerza- de una írrita asamblea constituyente (algo que increíblemente recoge la CIDH en sus conclusiones como un elemento justificativo de las protestas). Inclusive, se dan el lujo de sugerir cambios en la estructura del Estado (algo que excede -y ampliamente- sus atribuciones como órgano consultivo que es).
Por lo anotado, reitero que es imperativo que el Perú se retire de esta nefasta justicia supranacional (tanto de la CIDH como de la Corte IDH) que esta vez ha rebasado cualquier límite con un mamarracho (siendo -como siempre- educado con la calificación) de Informe.
